La contratación y la gestión de obras por parte de la administración suele ser un desastre, eso es algo que cualquier ciudadano que tenga relación con el sector puede ver sin mucha dificultad.

Sin embargo, no resulta demasiado complicado evitarlo, y si bien nunca vamos a poder controlar en que tipo de obra pública van a gastar nuestros impuestos, al menos sí deberíamos exigir más rigor en el control.

A lo largo de los años, en nuestro estudio, hemos visto una serie de problemas que aparecen de forma regular, muchos de ellos evitables teniendo cierto control sobre la obra y sobre las personas que intervienen en ella, o al menos, estableciendo una serie de criterios mínimos y no dejando que «se salten a la torera».

Veamos a continuación algunas sugerencias de interés, para su transmisión a la administración en el caso de contratación de obra pública:

  1. Se redactará anteproyecto que contenga todos los condicionantes posibles.
    • Que el proyecto esté muy definido evita ulteriores problemas y se discutirá lo que haga falta en esta fase, pues cambios posteriores suelen ser caros y a menudo, caprichosos o injustificables. Asimismo, en el caso de los técnicos redactores, es muy difícil, sino imposible, compensar el tiempo dedicado en el trabajo extra requerido para dichos cambios, y no hablemos ya de reclamar económicamente una compensación «por dibujar dos líneas».
  2. Posteriormente se redactará proyecto básico y de ejecución, debidamente visado.
    • El contrato y el visado obliga a las dos partes. La contratante a abonar los honorarios y al técnico a redactarlo en los plazos acordados. En la práctica cuando se trata de subvenciones de otra administración, p.e. Cabildo, se exige proyecto visado, con la complicación que supone redactarlo a posteriori.
  3. Se contratará aparejador para la obra, por el ayuntamiento, o por la dirección técnica.  La constructora debería tener el suyo propio, que será el interlocutor apropiado durante la ejecución.
    • Si el número de controles aumenta, disminuye la posibilidad de fallos. En un proyecto normal está el arquitecto, el aparejador y el aparejador de la   OCT; en mucha obra pública de menor envergadura está sólo el jefe de obra.
  4. Se respetará la cadena de mando y se usará el libro de órdenes.
    • Debemos recalcar que una obra es:
      1. Promotor
      2. Arquitecto
      3. Aparejador
      4. Contratista
      5. Jefe de obra
    • El control se complica si se saltan eslabones de la cadena. Situaciones dudosas, si quedan reflejadas en el libro de órdenes,  evitan  posteriores malentendidos.
  5. Las obras de pública concurrencia tendrán además ingeniero industrial.
    • Dado que en la práctica UNELCO lo exige, conviene realizarlo desde el principio. Tendrá que hacer como mínimo el proyecto de la acometida eléctrica.
  6. El presupuesto se realizará con la base de precios C.I.E.C. del año correspondiente a la redacción del proyecto y con él se adjudicará la obra.
    • Supone un criterio respecto al precio real de la construcción y no da lugar a discusiones de precios, puesto que es una base pública. Se informa además, que los  precios de las posibles modificaciones serán los de la mencionada base.
    • La constructora presentará su oferta en base a ese presupuesto. Si presenta los precios simples y los descompuestos y se aprueban y conocen desde el principio, se podrán negociar mejor los precios contradictorios.
    • Se introducirán en el proyecto partidas alzadas o mediciones prescindibles para usarlas como comodín en caso de desfase. Siempre es mejor pasarse que no quedarse corto. Es seguro que aparecerá alguna sorpresa durante la obra.
    • En caso de modificaciones o imprevistos, dichas partidas, p.e. iluminación, pueden rebajarse para asumir los desfases y evitar aumentos del presupuesto.
    • Se evitará usar los precios con la coletilla «o similar», detallándose todos los materiales y/o modelos. Así se evita que el constructor juegue con materiales de menor calidad. Y  la dirección facultativa  podrá reducir el precio de la partida, cambiando los materiales por otos más económicos para compensar un desfase del presupuesto por imprevistos, como ya se ha comentado.
  7. El contratista adjudicatario asumirá presupuesto cerrado y plazos de entrega.
    • Existirá cierto margen de seguridad y mecanismos de penalización, estableciéndose sanciones en contrato en caso de incumplimiento.
  8. La dirección técnica será libre de introducir las modificaciones oportunas en el proyecto para alcanzar los hitos de obra.
    • Aunque el presupuesto esté cerrado, existirá un margen de maniobra suficiente para controlar económicamente el mismo.
  9. Se pagará siempre con certificación que redactará la dirección técnica.
    • No se admitirá la certificación del constructor.
    • Jamás se contratará por administración, porque aunque podría ser más barato a priori, exige un control que no es posible en la práctica realizar.
    • En caso de no agotarse el presupuesto, no se abonará la cantidad remanente al contratista, al no haberse ejecutado y certificado las partidas correspondientes, como es lógico.
  10. No se admitirán por la dirección técnica ni por la propiedad presiones por parte de los contratistas.
    • El contratista deberá tener suficiente solvencia para aguantar por  si mismo en caso de demora en los pagos sin recurrir a la queja lastimosa. Se recalcará este aspecto al contratar y no se harán excepciones.
  11. No se utilizarán órdenes de compra ni materiales suministrados por el ayuntamiento sin control técnico, máxime si deberían correr a cargo del contratista.
    • Se estudiará la contratación de luz de obra como excepción a esta regla en casos puntuales y para controlar administrativamente el cumplimiento de los requisitos.
    • Puesto que exigen un mayor control por la dirección técnica y no suponen una rebaja real, complicando el control económico de la obra.
  12. Se obligará a la constructora a realizar pruebas y controles durante la obra. La constructora lo asumirá desde el contrato, así como a asumir costos de posibles reparaciones.
    • Probetas de resistencia y pruebas de estanqueidad, y todas aquellas que la dirección técnica considere oportunas.

Este listado, sin ser exhaustivo, elimina la gran mayoría de problemas, retrasos y desfases de una obra pública; aunque habría que añadir otra condición que difícilmente puede llegar a cumplirse:

La administración no aceptará sugerencias de vecinos durante el desarrollo de los trabajos sin consultarlo a la dirección técnica.

Y acatará su decisión, claro. El dinero público es de todos los ciudadanos, hacer cambios en una obra ya decidida es derrocharlo. Y no están los tiempos para eso…